Por qué la UE necesita reformar su política agrícola

Madrid, 23 may (Euroefe).- La seguridad alimentaria es una de las misiones fundamentales de la agricultura – no sólo en la Unión Europea, sino en todos los países del mundo, en particular los países en desarrollo ya que, según estimaciones de la FAO, la población mundial habrá aumentado de 7.000 a 9.000 millones de personas en 2050 y para esa fecha es posible que se haya duplicado la demanda de alimentos.

Con objeto de garantizar la seguridad de los abastecimientos a precios razonables y asegurar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, la UE se dotó en 1964 de una política agrícola común, la PAC, mediante la cual se organizó el mercado por productos y se establecieron precios de intervención.

Una política común es necesaria porque los retos a que se enfrenta el sector agrario de la UE superan las fronteras nacionales y requieren unas normas y una actuación comunes. Además, los agricultores de todos los países de la UE compiten en el mercado único y, por tanto, corresponde a la UE garantizar unas condiciones equitativas y un funcionamiento adecuado del mercado.

A lo largo de su historia, la PAC se ha sometido a profundos cambios para poder hacer frente a los nuevos desafíos que se iban planteando y corregir los desequilibrios cuantitativos que hubieran podido surgir.

Así, en los años ochenta, se comenzaron a tomar medidas para reconducir la sobreproducción de alimentos que alentaban los precios garantizados y se establecieron techos anuales de producción para algunos de los productos más problemáticos, como la leche. En 1992, como compensación por la reducción de los precios de carne y cereales, se introdujeron los llamados pagos directos a los agricultores con objeto de mantener sus niveles de renta.

En el 2000 se introdujo la dimensión medioambiental, la diversificación de la economía rural y la innovación como segundo pilar de la PAC, con objeto de incrementar la calidad y la competitividad de los productos agrícolas europeos a medida que abría sus mercados a terceros países, como Brasil o Marruecos.

Y en 2003 se siguió profundizando en la desvinculación de las ayudas de la producción obtenida y favoreciendo en su lugar la instauración de ayudas por hectáreas cultivadas (desacoplamiento de las ayudas o pagos disociados).

Este año toca una nueva revisión de la PAC, ya que el actual régimen vence en 2013.

En noviembre del año pasado, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020 en la que plantea cómo hacer de la agricultura europea un sector más dinámico y eficaz con vistas a lograr los objetivos de un crecimiento sostenible e inteligente dentro de la estrategia “Europa 2020”.

La reforma de la PAC es necesaria para afrontar mejor los retos de:

- la seguridad alimentaria, es decir, el suministro de alimentos sanos y en cantidad suficiente en un contexto del crecimiento de la demanda mundial;

- la crisis económica y la inestabilidad de los mercados, que pasan por aumentar la competitividad del sector agrario europeo;

- el cambio climático, lo que quiere decir los agricultores a veces han de anteponer consideraciones medioambientales a consideraciones meramente económicas;

- la conservación del paisaje y de la economía rural, porque la agricultura sigue siendo un motor económico y social que desempeña un importante papel en el mantenimiento de la vitalidad del medio rural.

El documento de la Comisión presenta distintas opciones para la reforma, desde mantener el sistema actual de pagos directos disociados, pero introduciendo más equidad en el reparto entre los Estados miembros, a modificar sustancialmente dicho esquema mediante la introducción de un tipo básico de pago en apoyo a las rentas de los agricultores, hasta la eliminación progresiva de los pagos directos y medidas de mercado en su concepción actual, limitando las ayudas a los bienes “verdes”.

Para cualquiera de estas tres opciones, la Comisión prevé el mantenimiento del actual sistema de dos pilares: un primer pilar (pagos directos y medidas de mercado, con normas claramente definidas a nivel de la UE) y un segundo pilar (que abarca medidas de desarrollo rural plurianuales, con un establecimiento del marco de opciones a nivel de la UE, pero dejándose la elección final de los regímenes a los Estados miembros o las regiones).

Otro elemento común a las tres opciones es la idea de que el sistema futuro de pagos directos no puede basarse en periodos de referencia históricos, sino que deberá aplicarse en función de criterios objetivos y a agricultores activos.

Tras debatir estas ideas, la Comisión presentará propuestas legislativas a mediados de 2011, que deberán ser aprobadas por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

El debate en la Eurocámara comienza esta semana en la comisión de Agricultura en torno al informe que ha preparado el alemán Albert Dess, del Partido Popular Europeo.

El ponente coincide con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Dacian Ciolop, en la importancia de lograr que la PAC sea más respetuosa con el medio ambiente, más equitativa y más eficiente y que se explique a la opinión pública los beneficios que los agricultores proporcionan al conjunto de la sociedad.

No obstante, pide en su informe que el presupuesto agrícola de la UE para el próximo período financiero se mantenga a la altura del presupuesto agrícola para 2013, ya que en el futuro los pagos directos a los agricultores seguirán siendo indispensables pues el mercado no retribuye suficientemente la protección del medio ambiente, la protección de los animales y otros aspectos sociales.

El eurodiputado defiende una distribución justa de los créditos de la PAC para los pilares primero y segundo, tanto entre los Estados miembros como entre los agricultores de cada Estado miembro, y se manifiesta a favor de un régimen de pago único por explotación, ya que daría como resultado "cierta redistribución en beneficio de un reparto más justo de los pagos directos a escala de la UE".

En ese sentido, propone que cada Estado miembro reciba, por lo menos, dos tercios de la media de pagos directos de la UE.

El informe de Dess será votado el miércoles en comisión y sometido al plenario en junio.