Manifestantes opositores al Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), en Estrasburgo (Francia), el pasado 14 de febrero. EFESEEGER
Bruselas, 11 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE su petición para que se pronuncie sobre si el tratado ACTA contra las falsificaciones es conforme a la legislación comunitaria.
"La opinión del Tribunal es vital para responder a las amplias preocupaciones aireadas por gente de toda Europa sobre si el ACTA daña nuestros derechos fundamentales", señaló el portavoz de Comercio de la CE, John Clancy, en un comunicado.
El objetivo de la Comisión es que el tribunal "aclare de forma independiente la legalidad de este acuerdo", añadió.
La pregunta que la Comisión ha planteado a los jueces de Luxemburgo es la siguiente: "¿Es el tratado comercial contra las falsificaciones ACTA compatible con los Tratados europeos, en particular con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE?".
La Comisión espera que su pregunta, tal y como está formulada, permita a la corte realizar un examen detallado sobre si el ACTA está en línea con los derechos fundamentales europeos, como la libertad de expresión e información o la protección de datos, así como con el derecho a la propiedad (incluida la intelectual).
El ACTA, negociado por 37 países del mundo, pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
La Comisión ha recordado en los últimos meses que las autoridades aduaneras nacionales han documentado que la entrada de bienes falsificados en la UE se triplicó entre 2005 y 2010.
Sin embargo, la manera en que el ACTA podría afectar a los usuarios de internet ha generado un amplio debate en todo el mundo y ha levantado las críticas de sectores como el de los internautas, pero también de grupos políticos como el Partido de los Socialistas Europeos, que había instado al Parlamento Europeo a no ratificar el texto.
