España y Grecia lideraron el número de investigaciones por prácticas anticompetitivas en el sector alimentario europeo entre 2004 y 2011, según un informe publicado hoy por el Ejecutivo comunitario. EFE/Archivo
Bruselas, 24 may (EFE).- España y Grecia lideraron el número de investigaciones por prácticas anticompetitivas en el sector alimentario europeo entre 2004 y 2011, según un informe publicado hoy por el Ejecutivo comunitario.
El documento, elaborado por la Red Europea de Competencia (REC), indica que en ese periodo las autoridades europeas investigaron 182 casos, de los que 120 revelaron una infracción y el resto están pendientes de resolución.
España encabeza, junto con Grecia, el ránking de las investigaciones (con 18 casos cada uno), seguida de Alemania (14), Portugal (13) y Francia (12).
De los casos en España, tres afectaron al sector de los cereales, cuatro al sector vinícola, uno al de las hortalizas, uno a las frutas, uno a la carne de pollo y tres al marisco.
La cifra total de investigaciones no tiene en cuenta los casos abiertos por problemas potenciales, pero cerrados después sin haber descubierto ninguna violación de las normas, precisa el informe.
La principal conclusión del documento es que el sector alimentario ha sido una prioridad de las autoridades de competencia europea en los últimos años, especialmente en el contexto del aumento de los precios de los alimentos y de las materias primas.
La mayoría de las fusiones aceptadas con compromisos o prohibidas por posibles problemas de competencia se dieron en la categoría de multiproductos, seguida del sector de la leche y los lácteos.
Desde 2004 hasta 2011 se han prohibido más de 50 carteles que implicaban la fijación de precios, el reparto de clientes y mercados y el intercambio de información sensible, al igual que prácticas de exclusión que perjudicaban a agricultores y proveedores.
Además, se han adoptado cerca de 1.300 decisiones sobre concentraciones y se han llevado a cabo más de mil medidas de supervisión.
El informe subraya la necesidad de reformas en la normativa vigente, incluida la modificación o supresión de leyes que obstaculizan el desarrollo del comercio al por menor y la adopción de códigos o leyes que aborden las prácticas comerciales desleales.
El documento responde a la petición del Parlamento Europeo de información sobre las medidas adoptadas por las autoridades de competencia en el sector de la alimentación y a los esfuerzos de la Comisión Europea para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
