Miguel López, secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Por Miguel López, secretario general de COAG
Los datos de la FAO apuntan a que en 2050 habrá que duplicar la producción de alimentos para hacer frente a una población en aumento. Sin embargo, la Comisión Europea ha hecho caso omiso a los retos mundiales y ha planteado una reforma de la Política Agraria Común que implanta un sistema de ayuda por hectárea o superficie, completamente desacoplado de la capacidad productiva y la actividad desarrollada en las explotaciones. De esta de forma se favorecerá a aquéllas explotaciones con gran base territorial, mientras perjudicará a otras con poca base territorial y alta productividad. El sistema de pagos propuesto originará una transferencia de rentas de profesionales activos, (zonas productivas de regadío y ganaderos), hacia tierras improductivas e inactivas.
Además, desde COAG rechazamos esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual: desregulación de los mercados y liberalización del comercio agrícola. Resulta muy decepcionante que las propuestas de la Comisión no contemplen instrumentos públicos efectivos para regular y estabilizar los mercados agrarios. Por el contrario, se sigue adelante con la desregulación, proponiendo eliminar cuotas de producción (azúcar y leche) y derechos de plantación (viñedo). Ni siquiera se plantea actualizar los desfasados umbrales de intervención y almacenamiento privado, (caso del aceite de oliva), que se aplican a un número limitado de productos. En un contexto de volatilidad de precios en los mercados mundiales de materias primas es incomprensible que la UE no baraje medidas para poner orden y control. El 70% de la renta de los profesionales agrarios viene por el mercado, y si no conseguimos estabilizar los precios, nos abocan a vender por debajo de costes y en breve, a echar el cierre. Europa no puede dejar la alimentación en manos de los fondos especulativos. Según los datos hechos públicos por el G-20, 8 de cada 10 agentes bursátiles que negocian con cereales en la Bolsa de Chicago no quieren hacer pan.
No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.
Y como guinda del pastel, la impronta “verde, o lo que es lo mismo, condicionar el 30% de las ayudas a la realización de determinadas prácticas medioambientales, que en gran parte de los casos nuestros agricultores ya están haciendo. Consideramos que el modelo más sostenible y verde de agricultura pasa por mantener en nuestros campos a los agricultores y ganaderos profesionales, que generan empleo, gestionan el 80% del territorio, preservan el paisaje y mantienen vivo el medio rural. No olvidemos que, sin cultivar, la tierra es un desierto de arena.
